El 70% de las pequeñas empresas en México utilizan software ilegal para sus procesos de negocio. De acuerdo con el análisis de la encuesta realizada por Parametría, 68% de las microempesas, 63% de las medianas y 68% de las grandes realizan prácticas indebidas con programas ilícitos. ¿Cuáles son los problemas que atrae este tipo de prácticas?
Ivonne Mejía, directora de Propiedad Intelectual de Microsoft México, afirma que muchas empresas inician sus procesos de negocio con software ilegal debido al costo, pero afirma que dicho “ahorro” podría traer consecuencias más costosas, por ejemplo, “el uso de software ilegal ha sido causa de pérdidas de 61% de las empresas de América Latina”.
Asimismo, se sabe que estas empresas (con un estimado de 5 a 20 computadoras) “piensan que es un gasto que se pueden ahorrar mientras están empezando, pero ignoran que el no tomar las medidas mínimas de seguridad (como usar software legal) aumente en 30% la posibilidad de sufrir un ataque”, señala Jimena Mora, directora jurídica de Seguridad Digital y Propiedad Intelectual de Microsoft México.
Entre las razones por las que las empresas caen en malas prácticas respecto al uso de software están:
- Falta de consciencia sobre ataques cibernéticos.
- Falta de cultura de seguridad informática.
- Desconocimiento sobre los delitos que se han provocado en México por este factor como extorsión, robo de identidad, de dinero y datos personales.
- Falta de políticas respecto al manejo de información.
- Idea de un supuesto “ahorro” para no contratar o comprar software original.
Entre las consecuencias por el uso de software ilegal está el daño a equipos y discos duros debido a virus o malware, robo de información valiosa para las empresas y falta de documentación apropiada, con lo que se puede caer en sanciones legales.
En México, Ley Federal del Derecho de Autor y Código Penal, que prohíbe la reproducción (temporal o permanente), distribución y arrendamiento de copias ilícitas, señala que cualquier infracción a los derechos de productores de software puede generar una sanción administrativa o penal, más daños y perjuicios civiles.
Las sanciones civiles incluyen la destrucción y remoción de las copias ilícitas, la obligación de resarcir daños materiales y morales ocasionados, así como multas.
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